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Castilla La Mancha abre seis oficinas antidesahucio.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en funcionamiento desde este miércoles, con la colaboración de los colegios oficiales de abogados y de trabajadores sociales de la región, seis oficinas antidesahucio para atender y dar protección legal a aquellas familias que van a perder sus viviendas a causa de una ejecución hipotecaria.

Las oficinas están ubicadas en las delegaciones provinciales con las que cuenta la Consejería de Fomento en las cinco capitales de provincia de Castilla-La Mancha y en Talavera . Así, el presidente del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, ha firmado en el Palacio de Fuensalida con los decanos de los Colegios Oficiales de Abogados y del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de la comunidad autónoma el acuerdo para la puesta en funcionamiento de estas oficinas, que tienen como objetivo la asistencia, asesoramiento e intermediación hipotecaria.

García-Page ha dicho que «en este acuerdo hablamos de gente que no tiene dinero y que su primera vivienda está en riesgo de desahucio porque lo primero es dar vivienda a la gente que lo necesita».

En su intevervención recordóó que tener una vivienda es derecho básico que tiene que tener todo el mundo «se ayudará a personas afectadas por procesos de desahucio e inmersas en un problema socia». El presidente de la Junta dijo que «esta fórmula de Oficina Antidesahucios es novedosa y llamada a ser muy imitada» por la colaboración con Colegios Oficiales.

La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, promotora de esta iniciativa, dijo que «mientras haya una familia afectada por desahucios, seguiremos trabajando para ayudar a estos ciudadanos».Para ello trabajarán en cuatro líneas que forman una "labor integral" de apoyo frente al "drama social que padecen numerosas familias de nuestra comunidad autónoma", ha dicho.

Esas cuatro líneas son la información profesional desde el comienzo del proceso, la intermediación social, la asesoría jurídica para guiar a los afectados a lo largo de todo el proceso de desahucio y la mediación con la entidad bancaria para tratar de renegociar las condiciones hipotecarias a fin de que la familia afectada pueda conservar esa primera vivienda. Las propias oficinas gestionarían en los casos extremos en los que no se pudieran paralizar los desalojos una alternativa habitacional para los afectados.

600 procedimientos

La consejera ha afirmado que aunque los datos ofrecidos por el INE en relación al último trimestre apuntan a una reducción de las amenazas de desahucio en la región, todavía quedarían pendientes unos 600 procedimientos en Castilla-La Mancha.

Sobre los servicios que prestará la Junta a través de las seis oficinas, De la Cruz ha subrayado que "son los cimientos de una política de vivienda que seguirá avanzando hacia experiencias más ambiciosas". Entre otros proyectos, el Gobierno regional pretende acometer una Ley Social de Vivienda, un observatorio permanente en la materia y una comisión de seguimiento de la actividad de las seis oficinas cuya evaluación servirá para "seguir creciendo".

Elena de la Cruz ha tenido palabras de agradecimiento para las Plataformas Antidesahucio de la región, con las que se reunió hace unas semanas. También para los ayuntamientos, diputaciones, entidades y ONG que se han ofrecido a la Consejería o que estén dispuestos a colaborar para "seguir creciendo".

Por su parte, el presidente del Colegio de Trabajo Social, Javier Sánchez, ha afirmado que el convenio es "muy responsable, moderado y apostando por la profesionalidad", algo que requiere una materia como los desahucios que es "muy sensible y muy compleja".

Sánchez ha criticado la escasa sensibilidad del gobierno regional anterior en el ámbito social y ha afirmado que el programa que se pondrá en marcha a través de las oficinas es "un rayo de luz para miles de familias que han sufrido lo indecible", aseverando que "ojalá paremos muchos desahucios".

El decano de los abogados de Toledo, José Sánchez Recuero, que ha hablado en representación de los seis colegios firmantes, ha dicho que la presencia de letrados en el programa de las oficinas garantiza "profesionalidad" y "eficiencia" y que los afectados que recurran a las oficinas encontrarán un asesoramiento legal "de solvencia personal y profesional".

Sánchez Recuero ha subrayado que les parece "esencial asesorar en derechos a gente que se encuentra en absoluta indefensión" por lo que ha dicho "confiar en la utilidad de este convenio" al que ha asegurado que los colegios de abogados se agregan "no por interés económico, sino por interés social".

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