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CCOO y UGT abandonan la Mesa regional sobre Estaciones de Servicio

gasolinera desatendida

Según los sindicatos, por la decisión del Gobierno regional de autorizar las gasolineras desatendidas.

Los sindicatos CCOO-Industria y FICA-UGT han abandonado hoy la reunión de la Mesa regional sobre Estaciones de Servicio y han anunciado su decisión de no seguir participando en este grupo de trabajo ante la decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha de cambiar la normativa autonómica para autorizar las gasolineras desatendidas.

En nota de prensa, los sindicatos recuerdan que estas estaciones de servicio sin empleados estaban prohibidas en la región desde hace doce años a través del Decreto 33/2005; una norma que, sin embargo, no había logrado frenar su proliferación. Por eso, el objetivo original de la Mesa era justamente reforzar su prohibición, endurecer el régimen sancionador y estudiar e implantar nuevas medidas de control e inspección para hacer frente a la creciente expansión de las gasolineras desatendidas.

Sin embargo, el Gobierno de CLM no solo ha renunciado a este objetivo, sino que ha anunciado su intención de autorizar las estaciones desatendidas mediante un nuevo decreto basado en la normativa europea en favor de la “liberalización” y “la libre competencia” en el sector, apuntan los sindicatos.

“Mostramos nuestra disconformidad y rechazo ante la intención del Gobierno de CLM de legislar en este ámbito sin tener en cuenta la problemática que las centrales sindicales le hemos trasladado y permitir con la nueva regulación que operen y proliferen aún más las estaciones desatendidas en CLM”

“Desde hoy nos retiramos de la citada Mesa, puesto que el resultado de la misma será contrario a la empleabilidad del sector y a los intereses de los trabajadores”, señalan los sindicatos en su escrito de renuncia, que han registrado a primera hora de la mañana y que han leído después al resto de los integrantes de la Mesa, para a continuación abandonar la reunión.

La Mesa sobre Estaciones de Servicio, integrada por el Gobierno regional, la Federación regional de Empresarios de Estaciones de Servicio (Fecamaes), la Federación de Consumidores FACUA-CLM, el Comité de Representantes de Personas con discapacidad (CERMI-CLM), la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio y Unidades Automatizadas (ANEUSA) las cooperativas agroalimentarias y los sindicatos CCOO y UGT, se constituyó en junio del año pasado con el objetivo compartido de estudiar e implantar medidas para poner coto a la proliferación de gasolineras desatendidas.

En concreto, se proponía entre otras actuaciones endurecer el régimen sancionador derivado del Decreto 33\2005, de 5 de abril, que regula en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha “la distribución al por menor de carburantes y combustibles de automoción en instalaciones de venta al público en aquellos aspectos que afectan a los derechos de los consumidores y usuarios”

Este Decreto, pionero en nuestro país y copiado después por la mayoría de las comunidades autónomas, establece que, mientras estén abiertas y en servicio, todas las gasolineras deben estar atendidas por, al menos, una persona.

La posterior entrada en vigor de la Ley estatal 11/2013, ‘De medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo’, propició sin embargo la apertura y proliferación de gasolineras desatendidas.

En el caso de CLM, estas gasolineras incumplían el Decreto 33/2005, pese a lo cual a sus propietarios les resultaba rentable abonar las sanciones de las que pudieran ser objeto, dado que su cuantía era notablemente inferior al ahorro en costes laborales que supone la eliminación de empleados.

Por ello, CCOO, UGT, Fecamaes, CERMI-CLM y FACUA-CLM plantearon en el verano del año pasado 14 propuestas para, entre otras medidas, poner en marcha un plan de inspecciones y endurecer el régimen sancionador de las gasolineras desatendidas, que “dañan a la competencia, destruyen empleo y vulneran los derechos de los consumidores”

Hasta ahora, el Gobierno de CLM parecía compartir la preocupación de los consumidores y de los empresarios y los sindicatos del sector por los efectos de las gasolineras desatendidas sobre la competencia, el empleo en el sector, la seguridad de las instalaciones y los derechos de los usuarios.

Ya en febrero de 2016, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, se reunió a los afectados y se comprometió a intensificar el control de las gasolineras desatendidas; y un año después, en junio de 2017, se constituyó la Mesa regional sobre Estaciones de Servicio, que lleva desde entonces preparando una nueva normativa al respecto.

En septiembre del año pasado, el grupo parlamentario del PSOE en el Congreso de los Diputados presentó una “Proposición no de Ley sobre accesibilidad de las estaciones automatizadas de servicio de carburante” para instar al Gobierno, “en coordinación con las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias, a regular, con la mayor urgencia posible, que todas las estaciones de servicio de carburantes cuenten con personal presente permanentemente en ellas que garantice una atención de calidad e igualitaria a los clientes con discapacidad.”

Sin embargo, el Gobierno de CLM ha renunciado tanto a la intención original de la mayoría de los integrantes de la Mesa sobre Estaciones de Servicio (empresarios, sindicatos, consumidores y representantes de las personas con discapacidad: todos salvo Aneusa y algunas cooperativas agrarias) como al objetivo de la PNL del PSOE, es decir: en vez de tratar de tratar de erradicar las gasolineras desatendidas, anuncia que emitirá un nuevo decreto para autorizarlas.

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